parte del dinero desviado.
La fiscalía solicitó las medidas judiciales correspondientes y comenzó a preparar los procedimientos relacionados con el fraude y la manipulación de pruebas.
Mi situación legal, mientras tanto, siguió un camino distinto.
El licenciado Ramírez presentó una solicitud formal para revisar mi condena, acompañada de los informes periciales y de los nuevos documentos.
No bastaba con demostrar que otras personas habían cometido irregularidades. Había que acreditar que las pruebas utilizadas contra mí eran falsas, que se habían ocultado datos relevantes y que esas irregularidades afectaban la validez