El asunto enfrentaba a Celia Mendoza y a su hijo, Iván, con Sergio Montiel, un desarrollador que pretendía adquirir varias propiedades para levantar un conjunto comercial. Celia había firmado una autorización limitada para permitir mediciones en su terreno. Montiel sostenía que también había aceptado vender.
El documento que presentó incluía su firma. También una cláusula que ella juraba no haber visto.
La familia consiguió asesoría de una abogada joven, Lorena Ríos. Habían pedido copias, comparaciones y revisión de los archivos digitales. La parte contraria respondía que los Mendoza querían desconocer
